No creo que nadie en la actualidad sea tan ingenuo de pensar que corre riesgo cero viviendo en un área de 100 km a la redonda de una central nuclear. En nuestra memoria están los efectos de las dos grandes catástrofes nucleares de Chernobil y Fukushima y sabemos a ciencia cierta que el accidente puede pasar. Pero se nos olvida en el día a día, no le damos importancia. Sin embargo es ahora, precisamente, el momento de acordarse del riesgo de catástrofe nuclear que corremos los valencianos que vivimos cerca de la Central Nuclear de Cofrents. Porque la decisión que tiene que tomar el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico es mantener esta vieja Central en funcionamiento o desmantelarla y olvidarse definitivamente del riesgo del accidente. Si además sabemos que es prácticamente innecesaria y nos encarece el recibo de la luz, la decisión debería está clara.

 Central Nuclear de Cofrents. Foto Samarucdigital

Explotar una Central Nuclear mas allá de su vida útil. 

La nuclear de Cofrents se puso en funcionamiento en 1984. Con el gobierno del PSOE de Zapatero, Iberdrola consiguió prorrogar la licencia en 2011, justo un mes antes del accidente de Fukushima, la central nuclear de Japón de semejantes características a la de Cofrents. Tras el accidente nuclear, el Gobierno alemán, decretaba el cierre de todas sus centrales nucleares entre 2021 y 2022. Ahora Iberdrola, propietaria de la central, pide una prórroga de su explotación hasta el 30 de noviembre de 2030 y el Consejo de Seguridad Nuclear CSN le ha dado su visto bueno a esta ampliación de la licencia, que caduca el próximo 20 de marzo.

El CSN certifica que el funcionamiento de Cofrents es correcto y que de su evaluación se desprenden varias propuestas de mejora de la seguridad y gestión especialmente debido al envejecimiento, “porque la central cumplirá 40 años de operación en 2024 y a partir de ese año entrará, por lo tanto, en la denominada Operación a Largo Plazo (OLP)" asegura el CSN en un comunicado. Cabe recordar que 2024 era la fecha que marcaba la vida útil para la que fue diseñada la Central Cofents y que la Central de Garoña se cerró en 2017, a pesar de informe favorable de CSN para su prorroga, precisamente con el criterio de no crear un precedente para que el resto de centrales pudieran prolongar su vida útil más allá de los 40 años. Criterio que ya se saltó este gobierno en el caso de central de Vandellós II  y de la central de Almaraz en verano de 2020, a pesar que PSOE y Podemos llevaran en sus programas electorales la rotunda oposición a la prolongación de la vida útil de las centrales. Cofrents lleva 37 años de vida operativa. Si se prorroga su explotación llegaría a los 47 años funcionando en 2030, una longevidad muy superior para la que fue diseñada y muy superior a la edad media de cierre de las centrales nucleares europeas. 

Ahora, la patata caliente está en manos del Ministerio de Transición Ecológica que tiene que dar el visto bueno a esta prórroga de la explotación a Iberdrola. Su titular, Teresa Ribera, en una visita reciente a Castellón insinuó, junto a Ximo Puig, que  sería lógico, con el informe favorable del CSN, prorrogar la licencia hasta 2030, de acuerdo a un calendario acordado en 2019 con las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy) para cerrar todas las centrales en el horizonte temporal 2027 y 2035, teniendo en cuenta que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), establece la contribución de la energía nuclear al mix energético. Un protocolo que no ha sido recogido en ninguna ley o decreto. En la decisión contaba para la ministra la imposibilidad de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y responsable del desmantelamiento de las centrales nucleares de España, de trabajar en el desmantelamiento de una y media o dos centrales al mismo tiempo. Algo que dice muy poco de la planificación de los Gobiernos de España en materia de energía nuclear.

Esta insinuación de posibilidad de prórroga de la ministra, no sentó bien en los que pedían el cierre inmediato de Cofrents. “Que sea fuerte” y no se deje llevar por los intereses del lobby de las energéticas y avanzar en una Transición Ecológica justa y segura", es lo que le piden a la ministra Teresa Ribera desde el colectivo Tanquem Cofrents, que agrupa a los  principales grupos ecologistas del País Valencià, así como a sindicatos i otras organizaciones de la sociedad civil valenciana. 

El pasado jueves, aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima, activistas de Greenpeace se encadenaron en la entrada a la central nuclear de Cofrents, impidiendo su acceso. Con un bidón, cadenas y tres pancartas con el lema “Cierre Nuclear: No más Fukushimas”.  También se lo han pedido desde les Corts Valencianes con una Proposición No de Ley en 2017 y en lo que va de año se lo han pedido distintos grupos de izquierdas, tanto valencianos como en el Parlamento en Madrid, los mismos que sostienen el Gobierno progresista de Sánchez. 

En su mayoría los valencianos prefieren el cierre de la central nuclear. Teresa Ribera tiene hasta el 20 de marzo para decidir. De momento ha dicho que "por encima de cualquier decisión estará la seguridad del funcionamiento, del desmantelamiento y del suministro". Pero para Salva Moncayo de Tanquem Cofrents “todo depende de una decisión política” lo suficientemente importante “para ser tratada en el consejo de ministros con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza”.

¿Es segura la central nuclear de Cofrents?

Para el colectivo antinuclear la ampliación de su funcionamiento es una decisión “absolutamente irresponsable, ya que la central está vieja, deteriorada y el peligro de accidente grave aumenta exponencialmente cada año que pasa en estas condiciones”. Además, recuerdan “la baja cultura de seguridad de la dirección de esta central, reconocida por el mismo CSN”. De hecho la central ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear más de un centenar de sucesos de seguridad en las dos primeras décadas del siglo XXI, tres de ellos de nivel 1 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, denominados incidentes. Los más graves ocurridos en 2011 y en 2017, cuando una serie de averías encadenadas obligaron durante meses a parar la central, recuerda José Juan Sanchis de la Plataforma Tanquem Cofrents

Para Greenpeace “tampoco se han completado todos los requerimientos derivados de las pruebas de resistencia que se están implementando a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima”.

Para los antinucleares el peligro se eleva al estar la central nuclear construida sobre una falla que ha provocado terremotos de grado 6, en terrenos sedimentarios, volcánicos y en la confluencia del río Xúquer y el Cabriol, dos ríos generadores de inundaciones y que aguas arriba tienen los pantanos de Alarcón i Contreras. Por lo tanto Cofrents no esta exenta de posibles accidentes por catástrofes naturales.

En caso de accidente nuclear la responsabilidad civil de Iberdrola es muy baja de 1.200 millones de euros en comparación con los costes que ha tenido por ejemplo Fukushima que se calculan, según la Comisión Europea, en 187.000 millones de euros para pagar los seguros y la compensación por daños del accidente. Y adivinen quien tendrá que pagar la diferencia. Seguro que lo han adivinado. El Estado, o sea, todos los españoles.

El problema del almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad

Hay un cierto debate en calificar la energía nuclear como limpia y seguir con el mix eléctrico de renovables y nuclear. Desde luego emite menos CO₂ que una central de carbón, pero sus residuos y accidentes son los más peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. El almacenamiento y control de los residuos de alta actividad es algo que la industria nuclear a escala mundial no tiene aun resuelto 70 años después del inicio de la Era Nuclear. Son residuos que serán peligrosos durante miles de años. Cofrents ha producido en estos 37 años de funcionamiento casi mil toneladas de este tipo de residuos radiactivos de alta actividad, y son sólo el 4 % de de los residuos de distinta intensidad de actividad radiactiva que genera la central y que se almacenan de forma definitiva en el almacén centralizado de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), que hoy en día está cerca del máximo de su capacidad de almacenamiento.

Las piscinas de acero y hormigón donde se almacena en Cofrents estos residuos residuos de alta actividad están ya al límite de su capacidad. En 2020 se ha construido en el exterior de la central, al aire libre y junto al río Xúquer,  un Almacén Temporal Individualizado (ATI) que albergará en contenedores los residuos que generará Cofrents hasta 2030 y que ya se empezará a utilizar este mismo año. Si continua su actividad hasta 2030, la central producirá entre 250 y 300 toneladas más de residuos radioactivos de alta actividad. Residuos que permanecerán ahí, junto al río, durante años, hasta que se encuentre la difícil solución al almacenamiento y que Enresa tendrá que gestionar y vigilar durante siglos con dinero público. Aun esta por ver la eficacia del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) a donde están abocados, en un futuro, a finalizar su vida estos residuos. En Finlandia, donde los propietarios de las nucleares se hacen cargo de la gestión de sus residuos, están construyendo uno de estos AGP con diseño sueco a una profundidad de más de 400 metros bajo el nivel del suelo con tal de aislar a largo plazo los residuos radiactivos del entorno humano y de la biosfera. 

Pesada mochila que deja al planeta y a nuestro país la energía nuclear. Una hipoteca de por vida que tendremos que pagar todos los ciudadanos, quién si no va a pagar en forma de impuestos esa herencia envenenada y con sus vidas y salud en caso de que esos residuos se desparramen.

¿Es rentable y necesaria la nuclear de Cofrents?

España es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara, y la población ya sufre la llamada pobreza energética. Los expertos auguran que los precios del mercado eléctrico bajarán debido a la expansión, favorecida por Europa, de las renovables, mucho más limpias y sin costes variables o próximos a cero. El viento y el sol no se pagan. El precio, reconocido por el sector, de producir electricidad en una central nuclear es de entre 40 a 45 €/MWh y las previsión es que la producción de electricidad baje en los próximos dos años hasta situarse por debajo de 40 €/MWh. Esto significaría que en un par de años producir electricidad en una central nuclear no sería rentable, a no ser que se regulara el mercado para impedir que el precio de la electricidad bajara por debajo del precio de rentabilidad. De momento el propio sector ya dice que las centrales están operando a pérdidas. En diciembre de 2019 el precio de la luz alcanzo su precio más bajo desde marzo de 2014 debido a que las energías eólica e hidráulica fueron capaces de cubrir la mayor parte de la demanda. 

Cofrents, según datos de la propia Iberdrola, produjo 9.247 millones de kilovatios hora (kWh) en 2020, el 3,7% de la producción eléctrica del estado español. Y el conjunto de las nucleares supone el 20% del total de la electricidad consumida en España. Las energías renovables suponen ya el 49,3% del total de la capacidad de generación eléctrica instalada en España que es de 108 GW, mientras que, como mucho, la demanda en los picos más altos no supera los 40 o 45. De hecho, Red Eléctrica de España señala en su informe sobre el sistema eléctrico español que la demanda de electricidad se situó en los 25.745 GWh en 2020, debido sobre todo a la pandemia, pero también a instalaciones de auto consumo y el empuje de energías renovables y limpias. Para la plataforma antinuclear Tanquem Cofrents, no necesitamos las centrales nucleares para mantener la seguridad del suministro, nos sobran 60 GW.

Desde Greenpeace aseguran que “en España, la electricidad vale más de lo que cuesta porque debido al diseño del mercado eléctrico marginalista, se paga al mismo precio el gas, el carbón, la nuclear, la hidráulica y las renovables, independientemente de lo que realmente cuesten; por ello, algunas fuentes de generación de energía están sobre retribuidas (nucleares e hidroeléctricas), especialmente en la coyuntura actual. Así pues, cerrar las nucleares supone otra oportunidad para el país y un alivio para la seguridad, un incremento del PIB y un respiro para el mercado eléctrico”. 

Para Sanchís la jugada puede estar en el llamado “lucro Cesante”. Si el gobierno prorroga la licencia 10 años más y Cofrents tuviera que cerrar dentro de 2, 3 o 4 años por falta de rentabilidad o fallos de funcionamiento, el Estado tendría que indemnizar a Iberdrola por los volúmenes de electricidad que no se podrían generar con el cierre. Una teoría nada descabellada por que ya ha sucedido con las Centrales de Carbón en Holanda o las propias nucleares en Alemania, donde el Gobierno de Ángela Merkel ya ha tenido que pagar una compensación de 2.438 millones de euros por el cierre de sus centrales a las las empresas energéticas E.On, EnBW, RWE y Vattenfall.

Ante la amenaza de la perdida de puestos de trabajo Greenpeace lo desmiente: “el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondrá la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 empleos a la instalación de nueva potencia renovable. Además, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros”.

Uso y abuso del agua

En opinión de Tanquem Cofrents, otro de los puntos importantes a valorar para decantarse por el cierre es el uso desmesurado que hace del agua de Xúquer la Central. Cofrents utiliza, según la plataforma, 32 hectómetros cúbicos de agua, unes 10.500 piscinas olímpicas  al año para refrigerar su núcleo. Para Sanchís. en un contexto de cambio climático, donde todos los expertos auguran una bajada de los niveles hídricos en la cuenca del Xúquer, el agua del río iría mejor destinada a otros usos más prioritarios como el abastecimiento de agua corriente, el riego agrícola y la preservación del caudal ecológico.

Embolsarse los beneficios y socializar los Gastos

Lo peor de este asunto es la sensación de falta de previsión y planificación en un tema tan delicado como la energía nuclear. Las construimos en los años 80 del siglo pasado sin saber muy bien que hacer con los residuos más peligrosos que existen y seguimos sin saberlo, llenamos piscinas con ellos o los amontonamos en contenedores a la intemperie cruzando los dedos para que no pase nada. Las construimos con una vida útil de máximo 40 años y ahora las queremos exprimir peligrosamente hasta casi los 50. No porqué sean rentables o necesarias, sino para que Enresa pueda recaudar de las eléctricas 19.000 millones de euros que le faltan para desmantelar las centrales hasta 2035.  

Pero ni al gobierno, ni a las eléctricas, ni a los ciudadanos nos salen las cuentas. El Foro nuclear y las eléctricas presionan al Gobierno para que se sume a la petición de Francia a Europa para poder poner un precio fijo a la electricidad de entre 45 y 50€ y, así, hacer frente a la tasa “Enresa” porque no les es rentable la producción en un mercado cada vez más copado por las renovables, mucho más competitivas en precio. El Gobierno no puede cumplir sus promesas de no ampliar la vida útil de las centrales más allá de 40 años porque le falta financiación y capacidad de gestión para desmantelar las nucleares y hacerse cargo de los residuos radioactivos durante miles de años. Negocia en secreto con las eléctricas un calendario y un protocolo de desmantelamiento no recogido en ninguna ley o decreto que garantice la seguridad jurídica de dicho acuerdo.

Y los ciudadanos, estos que en su mayoría pagamos escrupulosamente nuestros impuestos, tendremos que pagar una luz muy cara durante años por el lucro de unos y la falta de previsión de otros por algo que ni queremos, ni es necesario y es peligroso para la vida. Una herencia envenenada del siglo XX que pone en riesgo nuestra vida y nuestra salud como en una lotería. Como dice Lurdes Tejedor de Tanquem Cofrents “el día antes del accidente nuclear, Fukushima también era segura”.