¿Quién presiona al Parque Natural de la Marjal de Pego Oliva?
Las zonas húmedas absorben CO2, contribuyen a la lucha contra el cambio climático y nos defienden del calentamiento del planeta, pero no sabemos cuidarlas.
Hace seis años que fui nombrado presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva por el “Govern Valencià”. Sabía del alcance de mí compromiso, pero no esperaba encontrarme con algunas cosas que luego he vivido.
La Junta Rectora es un órgano colegiado que la Ley ha creado para encauzar la participación de la sociedad civil en el cuidado de los parques naturales declarados por la Administración Pública para proteger espacios de alto valor ecológico.
En 2016 veníamos de una época de reducción presupuestaria por causa de la crisis financiera e inmobiliaria. Momento cumbre de los recortes en medio ambiente, educación y sanidad con el pretexto de alcanzar una mejora de la competitividad interna. Aterrizamos sobre un presupuesto esquilmado que no era eficaz para la gestión pública de los intereses ambientales.
Desde que asumí el cargo he insistido en la Junta, y ante la administración Autonómica que, para cumplir con lo establecido en el artículo 50, 1 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales protegidos de la Comunidad Valenciana era necesaria la consulta previa a la Junta Rectora sobre la composición del presupuesto anual para la gestión del parque. Pero, en los seis años de desempeño de mi presidencia, solo se han sometido a deliberación de la Junta Rectora las memorias anuales de gestión. Nunca ha estado disponible la información y documentación necesaria para el debate sobre el presupuesto. Hasta la fecha, la sociedad civil sigue estando privada de la participación pública en la elaboración de los presupuestos de gestión del parque natural.
Lo que quiero decir es que, una Junta Rectora cuyas competencias legales no se respetan por la mayoría del órgano colegiado, por quien es además responsable de hacerlas respetar, sea cualquiera que sea la razón última de su incumplimiento, tratándose de la Administración Pública sometida al imperio de la Ley, hace que la Junta Rectora, en mi opinión, se convierta en una pantomima, un sinsentido, una pérdida de tiempo.
Me explicaré algo más con el relato de algunas experiencias ocurridas en este trance presidencial.
La mayor sorpresa que tuve fue al descubrir el incumplimiento sistemático de la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que, desde 2004, impone la evaluación de impacto ambiental para todas las “extracciones de agua, nuevas perforaciones y modificaciones de los caudales de extracción y existentes” en la zona de amortiguación de impactos del parque natural. En la práctica de los últimos veintiocho años, como si se tratará de jugar al parchís, de una administración a otra y tiro porque me toca, ninguna nueva perforación o extracción de agua del subsuelo en la zona de amortiguación de impactos del parque ha sido evaluada ambientalmente.
En este momento hay, al menos, cinco concesiones pendientes de concesión administrativa, que afectan tanto a Pego como a Oliva, de volúmenes considerables, que están esperando la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mientras tanto, en la zona ya existen concesiones muy caudalosas sobre las que pesa la sospecha que los volúmenes extraídos son superiores a los autorizados por la concesión administrativa.
Advierto que puede estar produciéndose un fallo en el cuidado de lo común.
No hay datos oficiales sobre esos aprovechamientos concedidos y en la Junta Rectora se ha propuesto a la Administración que compruebe la situación requiriendo los datos del consumo facturado a los abonados, una información que los concesionarios están obligados a facilitar. Es urgente que la Administración ponga en marcha los sistemas de control efectivo de los volúmenes extraídos por los aprovechamientos del dominio público hidráulico, cumpliendo la normativa de 2009.
No parece haberse aprendido nada de lo ocurrido en Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor.
Otra sorpresa fue apercibirme de que los explotadores del marjal vienen recibiendo subvenciones de la PAC por cultivar en terrenos de patrimonio público (adquirido por la Administración pública después de la declaración de parque natural), sin abonar renta alguna por la explotación de los recursos públicos, sin pública concurrencia y con dudoso juicio sobre méritos y capacidad. Espero, que después de cincuenta años de parálisis permanente, la resucitada concentración parcelaria se concluya durante la presente legislatura y el patrimonio público integre las 520 hectáreas de especial protección que tan necesarias son para la gestión ambiental del parque.
Un parque con un centro de interpretación imposible. Empezando por la lucha entre municipios: ¿Pego u Oliva? Conflicto histórico a resolver. Sin presupuesto, sin interés, con desconcierto y poco empeño de las administraciones involucradas.
Otro parque que no tiene aprobado un Plan Rector de Uso y Gestión, pese a que la Ley 11/1994 determinó que los PRUG se aprobarían “en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido”. Es decir, deberíamos haber tenido un PRUG aprobado desde 1996. Pero no ha sido hasta 2018 que se adjudicó a una consultora su elaboración, y en 2019 empezó a circular un borrador. Desde entonces nada más se ha sabido.
De poco ha servido el gesto del Legislador de 1994 protegiendo espacios naturales para compensar la expansión de los usos industriales y urbanísticos del suelo, porque todo ha quedado en una mera declaración programática, nominalista, vacía de toda posibilidad de acción debido a la estrangulación presupuestaria y la falta de voluntad política.
Por no extenderme más, que batallitas hay unas cuantas, quiero comprometerme públicamente con la limitación a dos mandatos para todos los cargos públicos. Concluido el plazo pasaré a disfrutar el parque como cualquier ciudadano, pero, como ecologista, seguiré participando en la defensa del medio ambiente y de la biodiversidadde la Tierra.
