Si la agricultura (convencional, industrial) se sostiene hoy en día es gracias al apoyo de los Estados. Se trata de asegurar que la población tenga recursos sobrados para alimentarse (aunque sea mal, con transgénicos, con agroquímicos, etc), y la experiencia de siglos dice que o se subvenciona al cultivador o la inquietud social, el desabastecimiento y las revueltas terminarán por aparecer.

El panorama de la agricultura ecológica es distinto, porque no se la considera imprescindible. Y también se halla en desventaja, porque al agricultor le sale todo más caro, pues ha de pagar para demostrar que sus productos no contienen pesticidas, fertilizantes ni otros fitosanitarios de origen químico, no orgánico.

Que pague el que ensucia

La queja que casi ningún poder toma en serio es: no tiene sentido que el labrador que cultiva según las leyes ancestrales de la naturaleza tenga que pagar lo que sus vecinos convencionales echan en la tierra para explotarla mejor (también pagando, claro, pero ahorrándose trabajo, uno de los elementos del Capital, en términos marxistas, aunque sometiéndolo a los intereses del agrobussiness). La reivindicación es: “Que pague el que ensucia, el que envenena”, dicho de modo radical, “no el que cuida la naturaleza y sus productos con mimo orgánico”.

La injusta tasa del agroeco se formula en las certificaciones. Es algo que las administraciones europeas imponen como garantía de que el labrador cultiva sin fitosanitarios químicos. Este control parece razonable. Lo irrazonable es el precio y la burocracia que implica. En España, el organismo que controla a los controladores de todo tipo es la Entidad Nacional de Acreditación () , y en lo que toca a la agricultura es , que agrupa a los trece organismos autonómicos que funcionan. El de nuestra Comunitat es el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (), por el que han de pasar todos los agricultores, ganaderos, manipuladores o transformadores, distribuidores y exportadores, y restauradores que deseen mostrar el sello “Ecológico” en sus productos o negocios.

Además de las trece instituciones autonómicas funcionan empresas privadas acreditadas para acreditar por la ENAC.

Una inspección de SPG en un huerto de Murcia”. Foto: Fernando Bellón

El problema del papeleo

Dicho así, el control suena muy bien, es una garantía y todo eso. El problema empieza cuando se habla de precios. Pero también cuando interviene el papeleo.

Para un agricultor (en realidad para cualquier ciudadano), en especial si es eco, el papeleo es un enemigo temible. Y no porque el labrador sea una persona iletrada, sino porque la cantidad de tiempo que debe gastar para entender el , por ejemplo en del CAECV, un apretado manual de quince páginas con centenares de conceptos administrativos, es disuasoria. Y sin embargo, o pasa por ese aro o se queda sin ese bonito sello que aparece en sus productos o en las “paradetas” o puestos donde se venden.

Y por fin viene el doloroso tema de los precios. En la guía de cuotas del CAECV se expone lo que se debe de pagar en las decenas de temas en los que se dividen las cuotas. Existe una cuota de concesión para todas las solicitudes (145,74 euros), a la que hay que añadir la cuota por actividad vegetal (29,15), la cuota por hectárea (en hortícolas, 21,8 por hectárea), y la cuota adicional por producción mixta (39,98). Un labrador con una hectárea de huerta debe pagar la primera vez 230 euros, y por el mantenimiento alrededor de 100.

Si además tiene un huerto de naranjas, de fruta y un gallinero o un establo pequeño, la cosa se dispara, son cuotas a parte, no unificables

Esta es la razón del éxito de los Sistemas de Garantía Participativa (SPG), que empiezan a proliferar en todo el territorio nacional, y a arraigar en nuestra Comunitat, en comarcas como l'Horta de València (), Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals (La Vall d'Albaida, la Safor, El Comtat, la Marina Alta, l'Alt Vinalopó) , y en Castellón (Xarxa Agroecològica de Castelló, en sus inicios).

Los mercados locales

El movimiento se inició en la América hispanoportuguesa, donde hay millones de pequeños agricultores, y centenares de miles que cultivan bío, que han acordado asociarse y buscar la relación con sus mercados locales para certificar sus productos.

La mayoría aplastante de los labradores eco de la CV cultivan pequeñas extensiones, y sus mercados son locales, por necesidad y por convicción. No obstante, son bastantes los que tienen sus tierras y sus cultivos certificados en el CAECV, porque lo consideran provechoso.

Confianza y buena fe

El sistema funciona basado en la confianza y en la buena fe. Los agricultores de una zona se reúnen entre ellos y con grupos de consumo locales, y también pueden contar con un técnico. Se ponen de acuerdo en un protocolo de inspección, y se hacen visitas conjuntas para certificar que el cultivo es orgánico. A estas condiciones naturales se unen otras, como que el trabajo que realizan los posibles peones contratados esté pagado de acuerdo a unos criterios justos, que se les trate con la debida consideración, que se cultive de acuerdo a los criterios de la biodiversidad, y también que el transporte de lo cosechado no llegue más allá de 50 kilómetros, por razones obvias de ahorro energético.

“Una inspección de SPG en un huerto de Murcia”. Foto: Fernando Bellón

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica ()y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (, en inglés) de la que forma parte consideran los SPGs una de las claves del crecimiento de la agroecología en el planeta, si bien no se oponen a las certificaciones oficiales. Entienden, como hace ver la experiencia y el sentido común, que los pequeños labradores son quienes más se adaptan a las SPGs, porque las certificaciones oficiales les salen caras y son un dolor de cabeza.

No obstante, las SPGs también tienen su parte engorrosa. No siempre el sistema funciona con fluidez, y los agroeco más dedicados a ellas gastan horas en la organización, protocolización y realización de las inspecciones. El problema es de hábitos, es decir, de la falta de hábito de coordinar los trabajos de grupos o labradores dispersos. Pero el que algo quiere, algo le cuesta.

Para acabar, algunos datos. Según el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) , en la CV había un total de 2219 certificaciones otorgadas. (Agricultores,1762. Ganaderos, 28. Agricultores+Ganaderos, 27. Elaboradores, 292. Importadores, 24. Exportadores, 11. Mayoristas, 70. Otros Operadores,5)

En el caso de las SPGs, la cuantificación está pendiente de una realización aproximada. Pero es posible que los labradores y ganaderos, los elaboradores y los comercializadores sin certificar doblen a los certificados.