Derecho ambiental, David contra Goliat
¿Quien contamina, paga? La lucha ambiental en los tribunales centra el programa 94 de Samarucdigital.
A La Carta À Punt Mèdia
Los espacios naturales tienen derechos. Si ríes o montañas, huesos o ratones, comparten el mismo estatus legal que los humanos, no quiere decir que pueden votar, está claro, sino que la biodiversidad y los ecosistemas tienen el derecho en la vida y a no ser explotados. El cambio climático está en la calle, pero la emergencia climática no acaba de llegar a los tribunales. Mientras las leyes para mitigar el calentamiento global siguen en alto, el planeta se deteriora. No es un lema, es una realidad. La Tierra necesita un abogado.
La lucha por el derecho ambiental es la historia de David contra Goliat.Organizaciones ecologistas o asociaciones de afectados enfrentados a grandes empresas e instituciones. El urbanismo desbocado, el maltrato animal, la pesca o la tala ilegales, el comercio de residuos peligrosos o de vida silvestre son delitos habituales. No actuar acabará perjudicando el planeta.
El principio de 'quien contamina paga' es mucho más complicado de aplicar del que pare. Exigir responsabilidades legales implica demostrar una relación de causa efecto directa, en que el implicado es el responsable del degradado medioambiental y de los daños. Y esto se convierte en un problema cuando los intereses económicos entran en juego. ¿Recordáis Erin Brockovich o Acción civil?
Batallas judiciales en el olvido
El abogado Joan Antoni Llinares, actual director de la Agencia Valenciana Antifraude, figura entre los nombres clave del activismo valenciano. Como miembro histórico de Acción Ecologista Agró, Llinares ha vivido, desde la primera línea, la batalla de llevar a los tribunales las actuaciones contra el patrimonio ambiental, como fue el caso del trazado de la autovía A-3, que pretendía cruzar el actual parque natural de las Hoces del Cabriel, o de hacer sentar en el banquillo de los acusados al exalcalde de Pego, el primer cargo público que ingresó en la prisión por delito ecológico en España. Con Llinares rescatamos del olvido casos de éxito en la protección del territorio valenciano.
Desde Alicante, Carlos Arribas, responsable estatal de residuos de Ecologistas en Acción, recuerda uno de los casos más importantes que impulsaron a raíz de la contaminación del río Segura, el ejemplo de un fracaso a los tribunales que significó, aun así, un cambio.
España, líder en investigación judicial ambiental
En 2018, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió más de 2.700 diligencias, tanto por delitos contra el medio ambiente, la flora y la fauna, los incendios forestales o los maltratos a animales domésticos, como por ordenación del territorio y urbanismo. Representa una subida de más de un 10 por ciento respecto a 2017, según la estadística de la Fiscalía General del Estado.
Son datos que invitan, quizás, al optimismo, si no fuera por las que llegan otros lugares. Y no es por falta de leyes. En los últimos 50 años, la aprobación de normas ambientales al mundo se ha multiplicado por 38, pero la mayor parte han fracasado. Es lo que concluye la evaluación mundial sobre el estado de derecho ambiental presentada por el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas. La razón: las dificultades para aplicar las leyes y hacerlas cumplir, lo cual retrasa la mitigación del cambio climático, y además, la reducción de la contaminación y la prevención de la pérdida de biodiversidad.
¿Podemos decir el mismo en nuestro territorio? Lo analizamos con María José Reyes, catedrática de Derecho Civil en la Universitat de València, y coordinadora, de entre otras obras, de la monografía Derecho Ambiental Español; y Germán Valencia, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante, donde coordina el máster de Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y dirige el Grupo de Investigación en Derecho Ambiental.
La defensa de la natura a los tribunales
Abogado ambientalista y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, Eduardo Salazar es un letrado con experiencia en varios conflictos en que la víctima es la naturaleza. Miembro de la Plataforma Pacto por Mar Menor, presentado recientemente en Bruselas, ha escrito el libro El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio de Aarhus, un tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. Con Salazar revisamos los conceptos de justicia ecológica y ecocidios, además de analizar la tarea de los abogados ambientalistas en la lucha por la protección de los entornos naturales y las personas que los hacen posibles.
El So de la Natura 94: Cormoranes moñudos
“Al anochecer, los cormoranes moñudos ya están en las ramas más altas de los árboles, después vienen volando bandadas de grajillas seguidas de garcillas. Unos momentos de caos y cada ave va encontrando su lugar. No sabemos cómo ocurre pero al final siempre impera el orden. Miles de individuos blancos y negros cubren los árboles a la vera del río. Se hace de noche”, relata Batiste Miguel en el So de la Natura.
La Finestra del Samaruc 94: Álvaro Pons, barrio de Russafa (València)
El protagonista de la nueva entrega de la Finestra del Samaruc es un paisaje urbano. Recorremos las calles del barrio valenciano de Russafa con Álvaro Pons, profesor titular del Departamento de Óptica de la Universitat de València, y divulgador y crítico de la historieta.
La Biblioteca Verde 94: Marita G. Candera, “Transición Animal en España”
El derecho animal, como disciplina, empezó a andar en España el 2006. La jurista alicantina Marita Giménez Candela, catedrática de Derecho Romano en la Universitat Autònoma de Barcelona, dirige desde el 2016 el Centro Internacional de Derecho Animal y de Políticas Públicas, y es autora de Transición animal en España, el libro que hoy os recomendamos en la Biblioteca Verda.
