Reivindicación vecinal por la depuradora

Los vecinos de la pedanía de Pinedo reclaman mejoras en la estación de aguas residuales más importante de la Comunitat Valenciana

Vivir junto a la depuradora más grande de la Comunidad Valenciana es una pesadilla, entre malos olores, ruidos y tráfico continuado de vehículos pesados. Desde hace cuatro décadas, 18 familias habitan en el entorno inmediato de la planta de Pinedo, que recibe las aguas residuales de 1.200.000 personas, de la ciudad y del medio centenar de municipios del área metropolitana. Jaume Chornet, portavoz de los afectados, explica a Samarucdigital como afectó la construcción de la estación a estas vecinos de l'Horta Sur.



El pasado lunes, los vecinos presentaron en la Ciudad de la Justicia un escrito que pedía la ejecución forzosa de una sentencia, dictada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaró ilegal la última ampliación de la estación. Sin embargo, Chornet argumenta que la demanda no se dirige, en realidad, al cierre de la planta.



El Plan de Acción Territorial de l'Horta, aprobado por el Consejo el pasado viernes, también es una buena noticia para los afectados por la depuradora de Pinedo. Las novedades abren la puerta a que los vecinos puedan solicitar licencias para realizar obras en sus viviendas. El plan también protege la huerta que rodea la depuradora, como garantía del uso de una tierra que sigue siendo productiva.



La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia no pueden tomar la determinación de cerrar la depuradora porque supondría una catástrofe ambiental sin precedentes, sostiene Vicent Sarrià, regidor de Desarrollo Urbano y delegado del Ciclo Integral del Agua en el ayuntamiento de Valencia, y también presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. Sarrià asegura que el cumplimiento de la sentencia marcará la hoja de ruta para mejorar la estación, pero sin contemplar en ningún caso su cierre.



Al igual que la depuradora de Pinedo, gran parte de las más de 480 plantas de aguas residuales de la Comunidad Valenciana no cuentan con la licencia ambiental que exige la normativa europea y que atiende a los límites de emisión de elementos como el nitrógeno o el fósforo.